Revista Time: Cómo los trabajadores de salud comunitarios pueden acabar con el encarcelamiento masivo y reconstruir la seguridad pública.

Las inversiones en atención médica comunitaria también tienen un enorme potencial para reducir el descontrolado gasto sanitario en Estados Unidos. Esto permitiría liberar recursos adicionales para apoyar aún más a las comunidades, en lugar de seguir viendo cómo se desperdician billones de dólares en el costo de tratar las consecuencias médicas del abandono público.

¿Qué hay de los datos sobre el entorno construido y el diseño de los barrios como medidas para la prevención de la violencia? Estudios recientes en Filadelfia, Baltimore y Youngstown, por ejemplo, han demostrado que el mantenimiento de espacios verdes y la reparación de viviendas dañadas reducen drásticamente la delincuencia. En Filadelfia, un proyecto de reparación de viviendas abandonadas se asoció con una reducción del 39 % en los asaltos con armas de fuego. El proyecto generó un retorno de cientos de dólares por cada dólar invertido.

En el ámbito general de la atención sanitaria, el acceso a la salud mental y al tratamiento de las adicciones son factores determinantes de la precariedad y de las conductas delictivas de riesgo asociadas. Esto se evidencia, por ejemplo, en un estudio de 2021 que demostró que la ampliación de los servicios ambulatorios de salud mental reduce sustancialmente la delincuencia y los costes asociados para las comunidades. Asimismo, dos estudios recientes muestran que la ampliación del acceso al tratamiento por consumo de sustancias tiene efectos similares en la reducción de la delincuencia.

Si queremos que Estados Unidos sea más seguro, debemos superar esta falsa división y aceptar lo que los datos demuestran claramente: la política de salud es política de seguridad. Numerosas investigaciones demuestran que la falta de seguridad en nuestras comunidades es inseparable del hecho de que Estados Unidos sigue siendo la única nación industrializada del mundo que se niega a brindar atención médica universal como un servicio público básico a sus ciudadanos. Como resultado de esta decisión política, actualmente hay más de 31 millones de residentes estadounidenses sin seguro médico.

Numerosas pruebas demuestran que los programas de transferencia de efectivo y los sistemas de bienestar social sólidos son políticas sumamente eficaces para reducir los homicidios, las agresiones, los delitos contra la propiedad, las muertes por sobredosis y la violencia de pareja. Esto no debería sorprender a nadie que esté mínimamente familiarizado con la realidad humana. De hecho, la lógica de los programas de transferencia de efectivo como política contra la violencia es tan evidente que su explicación resulta redundante: los programas de transferencia de efectivo reducen la desigualdad económica.